La moción del Grupo Municipal VOX para instar a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha a que implanten el principio de prioridad nacional, se ha aprobado por mayoría.

La viceportavoz del equipo de Gobierno, Gelen Delgado, ha explicado que el Grupo Municipal Popular ha apoyado la moción al considerar que el problema no es la inmigración en sí, sino “la inacción y la falta de planificación del Gobierno de España”, que, según ha señalado, aprueba normativas sobre regularización y amplía coberturas sin dotar a los ayuntamientos de la financiación ni de las herramientas técnicas necesarias para hacer frente a esa demanda. “Somos los municipios los que sufrimos la asfixia de competencias delegadas, pero no financiadas”, ha afirmado.

Durante su intervención, Delgado ha asegurado que la presión que soportan los servicios sociales municipales no se resuelve con discursos ideológicos, sino exigiendo al Gobierno de España una financiación local suficiente y una política migratoria responsable.

 A su juicio, el problema de los reales decretos de 2026 no radica únicamente en su contenido, sino en que “el Gobierno central legisla de espaldas a los municipios, ampliando coberturas por real decreto, pero dejando la factura y la gestión de la saturación en las puertas de este Ayuntamiento, sin un solo euro de compensación económica”.

Asimismo, ha defendido que, cuando los recursos públicos son limitados, las administraciones tienen la obligación de establecer criterios objetivos de priorización. En ese sentido, ha señalado que “debemos priorizar de forma legal, transparente y ponderada a aquellos ciudadanos que demuestren un arraigo histórico y una contribución previa o continuada al sostenimiento de nuestra comunidad local”, mediante criterios como el empadronamiento prolongado y la contribución fiscal.

La concejal ha considerado que este sistema constituye “un mecanismo perfectamente legítimo de defensa de nuestros servicios públicos frente a la saturación actual” y ha añadido que incorporar criterios de baremación en las ayudas de emergencia, los programas de empleo o las prestaciones municipales “no es exclusión, sino equidad fiscal y defensa del contribuyente que lleva años pagando sus impuestos en esta ciudad”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal VOX en Talavera, David Moreno, ha defendido que “el actual Estado de bienestar es fruto del esfuerzo sostenido y la contribución generosa de generaciones enteras de españoles que, con su trabajo y sacrificio, han hecho posible el establecimiento de unos servicios públicos dignos”.

Sin embargo, “dicho sistema se encuentra hoy sometido a una profunda crisis como consecuencia directa de la deficiente gestión de los sucesivos gobiernos, que, pese a la asfixiante carga fiscal a la que tienen sometidos al conjunto de los españoles, no son capaces de asegurar la calidad y eficacia de esos mismos servicios públicos”.

En los últimos años se ha producido en España una profunda alteración demográfica, caracterizada por un incremento acelerado de la población residente que no responde al crecimiento natural de la población española, la cual, lejos de experimentar un aumento, ha registrado una disminución superior a 750.000 personas desde el año 2020-sino a la entrada masiva de extranjeros.

En concreto, el edil de VOX en Talavera ha señalado que en el transcurso de los últimos cinco años, España ha recibido cerca de tres millones de personas extranjeras, superándose por primera vez el umbral de diez millones de residentes de esta naturaleza.

“La inmigración masiva ha tensionado hasta extremos insostenibles los servicios públicos, y además ha sido el factor determinante del deterioro de la seguridad ciudadana y de la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia”.

“Es inaceptable que personas que han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad sean posteriormente recompensadas mediante procesos de regularización que no sólo desvirtúan el propio ordenamiento jurídico, sino que envían un mensaje inequívoco de impunidad y estímulo a la infracción de nuestras normas».

ACUERDOS

El Pleno ha aprobado rechazar las políticas de regularización masiva de inmigrantes en situación irregular impulsadas por el Gobierno de España.

Asimismo, el acuerdo insta al Gobierno de España a aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones introducidas por el Real Decreto 316/2026 en el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 y a derogar dicho real decreto, poniendo fin al proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular.

También se insta al Ejecutivo a la repatriación de las personas que se encuentren en situación irregular en España, al establecimiento de la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda, y a la remigración de aquellos extranjeros que, según el texto aprobado, no contribuyan con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional.

El acuerdo contempla garantizar la prioridad nacional en el acceso a la vivienda social, vivienda protegida, bonificaciones fiscales y cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda.

También se acuerda garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, limitando el acceso de los inmigrantes en situación irregular a la asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia.

El Pleno ha aprobado solicitar la derogación del Real Decreto 180/2026, que regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras sin residencia legal en España.

De igual forma, se insta a dejar sin efecto las modificaciones del Reglamento de la Ley de Extranjería realizadas mediante el Real Decreto 316/2026 y a derogar dicha norma.

Por último, el acuerdo plantea garantizar la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones no contributivas mediante las modificaciones normativas oportunas, así como establecer que, para el acceso a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros, se valoren también los recursos económicos y patrimoniales en el extranjero y no se conceda dicha asistencia en los procedimientos de expulsión del territorio nacional.